Estatuto de Autonomía de Castilla y León
Esta ley orgánica reformó el Estatuto de Autonomía castellanoleonés de 1983, actualizando profundamente el autogobierno de Castilla y León.
La reforma de 2007 reconoció a Castilla y León como una "comunidad histórica y cultural" con raíces en los antiguos Reinos de León y Castilla.
Introdujo un Título preliminar con símbolos y un amplio catálogo de derechos propios de los castellanoleoneses, incluyendo principios rectores para las políticas públicas (por ejemplo, protección del patrimonio cultural y lingüístico, donde se reconocen y protegen el leonés y el gallego en ciertas zonas).
Se crearon o reforzaron instituciones autonómicas como el Procurador del Común (defensor del pueblo autonómico), el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, elevándolas a rango estatutario.
La reforma también amplió competencias de la Comunidad en materias sensibles (educación, sanidad, medio ambiente, cultura, etc.), previendo incluso la posibilidad de crear una policía autonómica propia.
Además, reforzó la autonomía local dentro de la comunidad, consagrando la cooperación de la Junta con municipios y provincias (reconocimiento de comarcas como El Bierzo, creación de un Consejo de Cooperación Local).
En suma, convirtió el Estatuto en no solo norma institucional básica, sino también garante de derechos y autogobierno ampliado para Castilla y León.
Para opositores en esa comunidad (administración regional, ayuntamientos, fuerzas de seguridad locales), es imprescindible entender esta norma, ya que define el marco institucional y competencial vigente de la región.